viernes, 28 de abril de 2017

Los "sucesos de Vitoria" de 1976

En el proceso de transición a la democracia, los "sucesos de Vitoria" supusieron un problema para el Gobierno de Arias Navarro, en el que el ministro de la Gobernación era Manuel Fraga Iribarne. 

La crisis económica estaba causando un deterioro de la situación social, y los obreros se estaban organizando para demandar medidas que aliviaran su situación. Además, las pretendidas libertades políticas y sindicales anunciadas por el Gobierno desde el "espíritu del Doce de febrero" habían demostrado ser insuficientes. 

En este contexto de crispación social, a las cinco de la tarde del día 3 de marzo de 1976. Tres trabajadores muertos y cientos de heridos cuando varios miles de trabajadores en huelga se reunieron en la Iglesia de San Francisco de Asís. Allí, la policía decidió acordonar el recinto pero, en un momento dado, iniciaron una descarga de pelotas de goma. Minutos más tarde la policía entró con bombas de humo y los manifestantes empezaron a lanzar piedras a la policía. Los agentes, en respuesta, empezaron a utilizar sus metralletas. 

En ese momento, en sustitución de Manuel Fraga, que estaba en Alemania, trabajaba el ministro.secretario general del Movimiento, Adolfo Suárez, que se opuso a declarar el "estado de sitio". 

La situación fue muy crispada y acabó por convencer al rey de que Arias Navarro no encontraba la forma de arbitrar un proceso de apertura que no sólo devolviese las libertades al pueblo español, sino que gestionase una situación social muy crítica.

Mientras, Suárez gestionó la situación con madurez y serenidad, y se posicionó de forma muy favorable a la hora de encontrar un "recambio"v para cuando fuese necesario sustituir a Arias Navarro





   

domingo, 23 de abril de 2017

La modernización de España durante el Franquismo

Ya sabemos que la estructura de la población activa, junto con la tasa de urbanización se modificaron seriamente en los años 60, como efecto, en primer lugar, del Plan de Estabilización de 1959, que facilitó la entrada de divisas extranjeras, absolutamente necesarias para la inversión en medios de producción de cierto nivel tecnológico. No obstante, fueron los planes de desarrollo de los sesenta los que terminaron de modificar la estructura del país. 

Para conseguir esta modernización era necesaria la estabilización de la moneda, pero, de forma paralela, era prioritario conseguir un cierto control de la subida inevitable de los precios, aunque sin intervención excesiva del Estado. Esto se consiguió, como ya hemos apuntado, mediante la planificación del desarrollo, entendido como crecimiento del sector industrial pero desde la tutela estatal (a través de la planificación vinculante para las empresas públicas, e indicativas para las privadas). Como efecto de ello, el INI iba a perder el monopolio del diseño del sector industrial en el país. 

El primer plan de desarrollo se aplicó a partir de 1963. 

Las consecuencias de estos planes de desarrollo fueron el crecimiento del PIB, sobre todo del PIB industrial, y así la alteración de la balanza de pagos, por aportar algunos ejemplos. No obstante, el coste social fue evidente. Medidas tayloristas emplearon de forma masiva a población activa de origen rural, que emigraron bien al exterior, bien a las grandes ciudades industriales, pero con unas condiciones muy difíciles, pese a lo que defendía el Fuero del Trabajo de 1938.  

Así pues, cuando se empezó a desarrollar el masivo éxodo rural del campo a la ciudad, y debido a que el Ministerio de la Vivienda no fue capaz de abastecer de viviendas dignas a gran parte de esta población, empezó a aparecer un nuevo movimiento opositor, el protagonizado por las asociaciones de vecinos, en las que cundió la ideología comunista (PCE m-l, ORT, MC, PCE...) y católico-progresista (HOAC, JOC...)




martes, 11 de abril de 2017

El tardofranquismo

Ya sabemos que en 1969 hubo un nuevo gobierno, en este caso homogéneo, que estaba controlado por el almirante Carrero Blanco aunque éste tardó tres años en llegar al cargo de Presidente del Gobierno (cargo que, por otra parte, se había separado de la Jefatura del Estado desde la LOE de 1967). 

Ahora bien, dentro del régimen empezaban a separarse los "inmovilistas", (el "búnker", mayoritarios en el Consejo del Movimiento Nacional) partidarios de instaurar una Monarquía pero con los principios y leyes del franquismo, y los "aperturistas" que, sin modificar las esencias autoritarias y católicas del sistema, permitieran la institucionalización de "asociaciones políticas" que no llegaran a partidos políticos. También defendían la ampliación de la base social del régimen mediante un sistema de elección sindical más abierto y un sistema de elección municipal con mayor participación del pueblo, pero siempre dentro del autoritarismo del régimen.  

Dentro de los aperturistas había un grupo más a la derecha, que era esencialmente continuista con la esencia del sistema, y un grupo más a la izquierda que pretendía una apertura futura a una democratización de parte de las estructuras políticas. 

En cuanto a los problemas a los que se tuvo que enfrentar el régimen, al estar esencialmente anclado en el sector más inmovilista, aparecieron movimientos sociales de oposición. 

Éstos fueron de varios tipos: en primer lugar, los obreros, que desde dentro de las fábricas pedían cada vez más cambios laborales, insatisfechos por el sindicalismo vertical. Pero es que a este movimiento se sumó también el de las comunidades de vecinos, y el de la Iglesia progresista. Y, por supuesto, los estudiantes y profesores No Numerarios de las universidades. 

El Gobierno, en aplicación de la LOE, recurrió al uso de la fuerza de orden público, militarizada. Entre 1969 y 1973 ocho trabajadores resultaron muertos por las acciones de la policía y en junio de 1972 era detenida la cúpula dirigente de las ilegales «comisiones obreras». Por su parte, los alumnos y los profesores interinos universitarios (PNNs) siguieron sufriendo el azote de las intervenciones policiales, las sanciones administrativas, las detenciones gubernativas y los asaltos de los nuevos grupos de extrema derecha tolerados por las autoridades (Guerrilleros de Cristo Rey, Fuerza Nueva,...).

Más dura fue la represión que se aplicó en el País Vasco y Navarra para hacer frente a la creciente actividad terrorista de ETA. En 1969, por ejemplo, fueron detenidas 1.953 personas, de las cuales 890 fueron maltratadas, 510 torturadas, 93 juzgadas por el Tribunal de Orden Público y 53 en consejos de guerra.
A finales de 1970 el gobierno decidió que un tribunal militar juzgara conjuntamente a 16 personas acusadas de militar en ETA (entre ellas dos sacerdotes) como medida ejemplarizante. Pero el efecto que se logró fue exactamente el contrario del que se pretendía, ya que el anuncio del juicio sumarísimo que finalmente se celebraría en diciembre en Burgos levantó una ola de solidaridad en el País Vasco y en Navarra que fue un revulsivo clave para que el nacionalismo vasco recuperara su implantación social —el gobierno en respuesta decretó el estado de excepción por seis meses—. Además, durante el proceso, ETA secuestró al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Beihl, dejándolo en libertad el 25 de diciembre. Al día siguiente el tribunal dictó la sentencia, condenando a 9 de los acusados a la pena de muerte y al resto a penas de prisión.

El que fue conocido como «juicio de Burgos» suscitó también una campaña internacional de solidaridad con el pueblo vasco y a favor del restablecimiento de las libertades democráticas en España. Como consecuencia de esta presión, el Movimiento Nacional organizó una gran manifestación de apoyo a Franco en la Plaza de Oriente de Madrid. Era el mismo procedimiento que había seguido cuando la ONU decidió aislar al régimen, y que después ocurriría ante la presión internacional por los últimos fusilados, en 1975.

Asimismo, el «juicio de Burgos» supuso un nuevo episodio en el proceso de alejamiento entre la Iglesia Católica y el franquismo. En concreto, el Proceso de Burgos provocó la redacción de una pastoral conjunta de los obispos de San Sebastián y de Bilbao criticando la pena de muerte y en contra de que se juzgara a los acusados por la jurisdicción militar. Recordemos que ya existía el TOP, que, de alguna forma, sustituía el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo, y el resto de tribunales militares que habían estado aplicando la Ley de Responsabilidades Políticas. La vuelta a los tribunales militares con este proceso suponía una vuelta atrás en el proceso de pretendida apertura del sistema, y la Iglesia no lo iba a permitir. Así pues,  la Conferencia Episcopal Española se pronunció a favor de la clemencia y de las garantías procesales. 

Al final, en vista del eco despertado y de las numerosas peticiones de clemencia llegadas de todas partes, el general Franco conmutó el 30 de diciembre las nueve penas de muerte que había dictado el tribunal militar.

Tras el «juicio de Burgos» las tensiones entre el régimen franquista y la Iglesia Católica continuaron en ascenso, sobre todo después de que en mayo de 1971 fuera nombrado arzobispo de Madrid el Cardenal Tarancón, quien después ocupó la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, ya que Tarancón era partidario de acabar con el «nacionalcatolicismo» y con la «colaboración» con el régimen. De hecho, el Concilio Vaticano II ya había denunciado estas situaciones, y Tarancón no hacía más que aplicar los acuerdos de dicho concilio.

Franco, por su parte, recibió la defección de la Iglesia y su jerarquía con auténtico desconcierto y profunda amargura, estimándola en privado como una verdadera puñalada por la espalda. El almirante Carrero Blanco fue aún más lejos y se quejó en público, en diciembre de 1972, de la ingratitud eclesiástica hacia un régimen que, desde 1939, «ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento de culto, etc."». 

La tensión alcanzó un punto máximo a principios de mayo de 1973 con motivo del funeral de un policía que había sido apuñalado el 1 de mayo por una nueva organización terrorista antifranquista llamada FRAP. Durante la ceremonia grupos de extrema derecha dieron mueras contra los «curas rojos» y contra el cardenal Tarancón, al que gritaron «Tarancón al paredón», un improperio que sería repetido durante los años siguientes.
A mediados de 1973 era cada vez más evidente el fracaso político del «continuismo inmovilista» de Carrero y los «tecnócratas», lo que revelaba que el franquismo «había entrado una fase terminal de crisis estructural en virtud de su creciente anacronismo respecto al propio cambio social y cultural que había generado el intenso desarrollo económico de los años sesenta. En 1970 la sociedad española ya sólo era diferente de sus homólogas europeas por la peculiar y desfasada naturaleza autoritaria de su sistema político».


La cultura en el Tardofranquismo

En este enlace podréis descargar un interesante artículo sobre las diferentes producciones culturales en el tardofranquismo

Un síntoma del desarrollismo social y económico: el SEAT 600


Un síntoma del desarrollo económico, entendido como industrialización y urbanización, fue el SEAT 600, un utilitario construido en España con patentes italianas (de la Fiat). 

Pero es que, paralelamente al desarrollo económico, fue el síntoma del desarrollo social. Así pues, por unas 90.000 pts de 1960 se podía adquirir un utilitario de este cariz (recordemos que el sueldo medio de un maestro rural podía oscilar entre las 10.000 pts). 

Sea como fuere, este coche fue el ejemplo y el símbolo del ascenso social de una clase que venía del campo o de las fábricas, y que podía enviar a sus hijos a estudiar. Su bienestar se exteriorizaba en la posesión de este "coche moderno"  















El desarrollismo en España

En los años 60, ante el desastre social y económico del país, las autoridades franquistas decidieron acometer un amplio programa económico basado en la planificación del desarrollo económico. 

La consecuencia fue un crecimiento económico, el inicio del Estado del Bienestar y la alteración de la estructura social y económica, así como la modificación de la tasa de urbanización. 

Todo empezó en 1957, con la llegada de los "tecnócratas" como Mariano Navarro Rubio o Alberto Ullastres, quienes idearon el "Plan de Estabilización" de 1959, paso previo necesario para el impulso de los años 60 basado en la "liberalización" económica a través del control de la inflación, del aumento de la producción y de la devaluación de la moneda. 

El primer obstáculo fue el propio general Franco, quien sólo contemplaba la autarquía como fórmula económica que enlazaba con su concepto de fuente del poder. La cuestión era liberalizar la economía, pero sin alterar las estructuras políticas. 

El primer paso, a nivel político, fue la promulgación (por cierto, sin recurrir a las Cortes Españolas) de la Ley de Principios del Movimiento Nacional. 

Los elementos posteriores, ya los conocemos: Plan de Estabilización de 1959 y planes de desarrollo, de cuatro años de duración, en torno a los cuales se iba a edificar un modelo productivo basado en la planificación vinculante para las empresas del Estado, e indicativa (si deseaban beneficiarse de las medidas fiscales del Estado).








El Tribunal de Orden Público

El Tribunal de Orden Público fue un tribunal formado tras el fusilamiento de Julián Grimau, comunista, en 1963. 

El Tribunal de Orden Público, popular y profesionalmente conocido por su acrónimo de TOP, y el Juzgado de Orden Público que instruía -actuaron en la última etapa del franquismo desde su creación en 1963 hasta su disolución en 1977, con la creación de la Audiencia Nacional-, fue creado con la misión de juzgar las conductas consideradas por entonces como delitos políticos. 

Fue un órgano que se ocupó de sustanciar, los delitos contra la seguridad interior del Estado (delitos contra el Jefe del Estado, las Cortes, la forma de Gobierno, la ley de prensa, asociaciones ilícitas, propagandas ilegales, manifestaciones no pacíficas, desórdenes públicos, sedición, tenencia de armas …) y que actuó como Tribunal de Urgencia en los “estados de excepción”.

Los ámbitos en los que trabajó fueron, esencialmente, cuatro: el Tribunal, popularmente conocido como el TOP; la Abogacía, como institución; los Abogados intervinientes en el ámbito valenciano, y los procesados sobre los que aplicaron el ejercicio de su profesión. 

La mayor parte de las personas juzgadas, opositores al régimen, fueron obreros y estudiantes, sin olvidar a los artistas, profesores, arquitectos, médicos y hasta un notario y un juez municipal. Una de las características de su enjuiciamiento fue el juzgar en rebeldía, sin la presencia del acusado, norma procesal fuertemente criticada por los juristas y que incluso originó tensos debates en su aprobación. Igualmente, se abusaba de la prisión provisional, que con alguna frecuencia volvía a aplicarse si encontrándose el condenado en rebeldía recurría en casación. 

Se suele considerar que su existencia implicó una liberalización del régimen porque sustituyó al Tribunal Especial para la represión de la Masonería y el Comunismo de marzo de 1940 y a la Jurisdicción Militar, donde actuaba el Juzgado Especial Militar del Coronel Aimar, que instruía las actividades extremistas. 

El TOP tramitó 22.660 expedientes y dictó 3.798 sentencias, de las cuales 959 fueron absolutorias. Su sede radicaba en Madrid y sólo en dos ocasiones salió fuera de la capital de España, trasladándose, precisamente, a Valencia en 1966 para actuar en un macroproceso de 24 imputados. 

El 4 de enero de 1977 acabaron las actuaciones de este Tribunal con la publicación de la Ley de Supresión del Tribunal de Orden Público, impulsada en tiempos del Presidente Suárez, en plena Transición. Al mismo tiempo fue creada la Audiencia Nacional, a la que se traspasaron las competencias sobre asuntos de terrorismo de dicho Tribunal. 

Como institución, este tribunal supuso una cierta liberalización del régimen en materia judicial, porque asumió algunas de las funciones del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo y algunas que limitaban con las propias de la jurisdicción militar, ya que enjuiciaba delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas. No obstante, este tribunal no terminó con la jurisdicción militar, porque los tribuinales militares siguieron trabajando. Así lo comprobamos en el Juicio de Burgos de 1970, en la condena de Heinz Chez y de Salvador Puig Antich en 1974, y en los últimos fusilamientos del régimen, en 1975. 

Al TOP se atribuyen los procesos judiciales como el famoso Proceso 1001, contra destacados dirigentes del Sindicato Comisiones Obreras, correspondieron al TOP. Por Decreto Ley del 4 de enero de 1977 se suprimió al mismo tiempo que se creaba la Audiencia Nacional para asumir ciertos delitos que abarcaban el territorio de más de una Audiencia Provincial y cuyo fuero objetivo había sido atribuido al Tribunal de Orden Público. 

Por todo ello, algunos autores como el historiador Julio Gil Pecharromán consideran que el TOP fue «sustituido por una Audiencia Nacional para juzgar delitos de terrorismo y otros de ámbito estatal», lo que niegan juristas como Carlos García Valdés, al ser los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional ajenos al ejercicio de los derechos fundamentales. 

A pesar de que la ley 52/2007 declaró en sus artículos 2 y 3 que este Tribunal era ilegítimo, ello no significa la retroacción de efectos de sus resoluciones, que siguen siendo ajustadas a Derecho, ni va más allá de ser una mera declaración política sin trascendencia práctica.

lunes, 10 de abril de 2017

Ley Orgánica del Estado

Ley Orgánica del Estado, 1967 
Ley de 10 de enero de 1967 (Decreto 779/1967, de 20 de abril. BOE n° 95 de 21 de abril) 
A lo largo de seis lustros, el Estado nacido el 18 de julio de 1936 ha realizado una honda labor de reconstrucción en todos los órdenes de la vida nacional. Nuestra legislación fundamental ha avanzado al compás de las necesidades patrias, consiguiendo, gracias a su paulatina promulgación, el arraigo de las instituciones, al tiempo que las ha preservado de las rectificaciones desorientadoras que hubieran sido consecuencia inevitable de toda decisión prematura. 
Las leyes hasta ahora promulgadas abarcan la mayor parte de las materias que demanda un ordenamiento institucional. En la Ley de Principios del Movimiento se recogen las directrices que inspiran nuestra política y que han de servir de guía permanente y de sustrato inalterable a toda acción legislativa y de gobierno. En el Fuero de los Españoles y el Fuero del Trabajo, se definen los derechos y deberes de los españoles y se ampara su ejercicio. La Ley de Referéndum somete a consulta y decisión directa del pueblo los proyectos de ley cuya trascendencia lo aconseje o el interés público lo demande. La Ley de Cortes establece la composición y atribuciones del órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado. Y en la Ley de Sucesión se declara España, como unidad política, constituida en Reino y se crea el Consejo del Reino que habrá de asistir al Jefe del Estado en todos los asuntos y resoluciones trascendentales de su exclusiva competencia. 
No obstante, la vitalidad jurídica y el vigor Político del Régimen, su adecuación a las necesidades actuales y la perspectiva que su dilatada vigencia proporciona, permiten y aconsejan completar y perfeccionar la legislación fundamental. Es llegado el momento oportuno para culminar la institucionalización del Estado nacional; delimitar las atribuciones ordinarias de la suprema magistratura del Estado al cumplirse las previsiones de la Ley de Sucesión; señalar la composición del Gobierno, el procedimiento para el nombramiento y cese de sus miembros, su responsabilidad e incompatibilidades; establecer la organización y funciones del Consejo Nacional; dar carácter fundamental a las bases por que se rigen la Justicia, las Fuerzas Armadas y la Administración Publica; regular las relaciones entre la Jefatura del Estado, las Cortes, el Gobierno y el Consejo del Reino; señalar la forma de designación, duración del mandato y cese del Presidente de las Cortes y los Presidentes de los más altos Tribunales y Cuerpos consultivos, y abrir un cauce jurídico para la impugnación de cualquier acto legislativo o de gobierno que vulnere nuestro sistema de Leyes fundamentales. 
A estos fines responde la presente Ley, que viene a perfeccionar y encuadrar en un armónico sistema las instituciones del Régimen, y a asegurar de una manera eficaz para el futuro la fidelidad por parte de los más altos órganos del Estado a los Principios del Movimiento Nacional. 
En su virtud, en ejercicio de la facultad legislativa que me confieren las Leyes de 30 de enero de 1938 y 8 de agosto de 1939, de conformidad con el acuerdo de las Cortes Españolas adoptado en su Sesión Plenaria del día 22 de noviembre último, y con la expresión auténtica y directa del pueblo español, manifestada por la aprobación del 85,50 por 100 del cuerpo electoral, que representa el 95,86 por 100 de los votantes, en el Referéndum nacional celebrado el día 14 de diciembre de 1966, dispongo: 
TITULO I. EL ESTADO NACIONAL 


Artículo primero 
I. El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la comunidad nacional. 
II. Al Estado incumbe el ejercicio de la soberanía a través de los órganos adecuados a los fines que ha de cumplir. 


Artículo segundo 
I. La soberanía nacional es una e indivisible, sin que sea susceptible de delegación ni cesión. 
II. El sistema institucional del Estado español responde a los principios de unidad de poder y coordinación de funciones. 

Artículo tercero 
Son fines fundamentales del Estado: la defensa de la unidad entre los hombres y entre las tierras de España; el mantenimiento de la integridad, independencia y seguridad de la Nación; la salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles; el amparo de los derechos de la persona, de la familia y de la sociedad; y la promoción de un orden social justo en el que todo interés particular quede subordinado al bien común. Todo ello bajo la inspiración y la más estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional promulgados por la Ley fundamental de 17 de mayo de 1958, que son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables. Son fines fundamentales del Estado: la defensa de la unidad entre los hombres y entre las tierras de España; el mantenimiento de la integridad, independencia y seguridad de la Nación; la salvaguardia del patrimonio espiritual y material de los españoles; el amparo de los derechos de la persona, de la familia y de la sociedad; y la promoción de un orden social justo en el que todo interés particular quede subordinado al bien común. Todo ello bajo la inspiración y la más estricta fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional promulgados por la Ley fundamental de 17 de mayo de 1958, que son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables. 

Artículo cuarto 
El Movimiento Nacional, comunión de los españoles en los Principios a que se refiere el artículo anterior, informa el orden político, abierto a la totalidad de los españoles y, para el mejor servicio de la Patria, promueve la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios. 

Artículo quinto 
La bandera nacional es la compuesta por tres franjas horizontales: roja, gualda y roja, la gualda, de doble anchura que las rojas. 

TITULO II. EL JEFE DEL ESTADO 

Artículo sexto 
El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo; ostenta la Jefatura Nacional del Movimiento y cuida de la más exacta observancia de los Principios del mismo y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de la continuidad del Estado y del Movimiento Nacional; garantiza y asegura el regular funcionamiento de los Altos Órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos; sanciona y promulga las leyes, y provee a su ejecución; ejerce el mando supremo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire; vela por la conservación del orden público en el interior y de la seguridad del Estado en el exterior; en su nombre se administra justicia; ejerce la prerrogativa de gracia; confiere, con arreglo a las leyes, empleos, cargos públicos y honores; acredita y recibe a los representantes diplomáticos y realiza cuantos actos le corresponden con arreglo a las Leyes fundamentales del Reino. 

Artículo séptimo 
Corresponde, particularmente, al Jefe del Estado: 
a) Convocar las Cortes con arreglo a la Ley, así como presidirlas en la sesión de apertura de cada legislatura y dirigirles, de acuerdo con el Gobierno, el discurso inaugural y otros mensajes. 
b) Prorrogar por el tiempo indispensable, a instancia de las Cortes o del Gobierno y de acuerdo con el Consejo del Reino, una legislatura cuando exista causa grave que impida la normal renovación de los Procuradores. 
c) Someter a referéndum de la Nación los proyectos de ley a que se refiere el párrafo segundo del artículo 10 de la Ley de Sucesión y el artículo 1° de la Ley de Referéndum. 
d) Designar y relevar de sus funciones al Presidente del Gobierno, al Presidente de las Cortes y demás Altos Cargos en la forma prevista por las Leyes. 
e) Convocar y presidir el Consejo de Ministros y la Junta de Defensa Nacional cuando asista a sus reuniones. 
f) Presidir, si lo estima oportuno, las deliberaciones del Consejo del Reino y del Consejo Nacional, siempre que las de aquél no afecten a su persona o a la de los herederos de la Corona. En ningún caso las votaciones se realizarán en presencia del Jefe del Estado. 
g) Pedir dictamen y asesoramiento al Consejo del Reino. 
h) Recabar informes del Consejo Nacional. 

Artículo octavo 
I. La persona del Jefe del Estado es inviolable. Todos los españoles le deberán respeto y acatamiento. 
II. Todo lo que el Jefe del Estado disponga en el ejercicio de su autoridad deberá ser refrendado según los casos, por el Presidente del Gobierno o el Ministro a quien corresponda, el Presidente de las Cortes o el Presidente del Consejo del Reino, careciendo de valor cualquier disposición que no se ajuste a esta formalidad. 
De los actos del Jefe del Estado serán responsables las personas que los refrenden. 

Artículo noveno 
El Jefe del Estado necesita una ley, o, en su caso, acuerdo o autorización de las Cortes, a los fines siguientes: 
a) Ratificar tratados o convenios internacionales que afecten a la plena soberanía o a la integridad del territorio español. 
b) Declarar la guerra y acordar la paz. 
c) Realizar los actos a que hace referencia el artículo 12 de la Ley de Sucesión y los que vengan determinados en otros preceptos de las Leyes fundamentales del Reino. 

Artículo diez 
El Jefe del Estado estará asistido por el Consejo del Reino para: 
a) Proponer a las Cortes aquellos actos que, según lo dispuesto en el artículo anterior, requieran una ley, acuerdo o autorización de las mismas. 
b) Devolver a las Cortes para nuevo estudio una ley por ellas elaborada. 
c) Prorrogar una legislatura por causa grave y por el tiempo indispensable. 
d) Adoptar medidas excepcionales cuando la seguridad exterior, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el sistema institucional del Reino estén amenazados de modo grave e inmediato, dando cuenta documentada a las Cortes. 
e) Someter a referéndum nacional los proyectos de ley trascendentales cuando ello no sea preceptivo. 
f) Adoptar las demás determinaciones para las que una Ley fundamental establezca este requisito. 

Artículo once 
Durante las ausencias del Jefe del Estado del territorio nacional, o en caso de enfermedad, asumirá sus funciones el heredero de la Corona si lo hubiere y fuese mayor de treinta años o, en su defecto, el Consejo de Regencia. En todo caso, el Presidente del Gobierno dará cuenta a las Cortes. 

Artículo doce 
La tutela de las personas reales menores de edad llamadas a la sucesión o del Rey incapacitado, será aprobada por las Cortes a propuesta del Consejo del Reino. La designación ha de recaer en persona de nacionalidad española que profese la religión católica y es incompatible con el ejercicio de la Regencia, de la Presidencia del Gobierno o de la Presidencia de las Cortes. 

TITULO III. EL GOBIERNO DE LA NACIÓN 
Artículo trece 
I. El Jefe del Estado dirige la gobernación del Reino por medio del Consejo de Ministros. 
II. El Consejo de Ministros, constituido por el Presidente del Gobierno, el Vicepresidente o Vicepresidentes, si los hubiere, y los Ministros, es el órgano que determina la política nacional, asegura la aplicación de las leyes, ejerce la potestad reglamentaria y asiste de modo permanente al Jefe del Estado en los asuntos políticos y administrativos. 
III. Los acuerdos del Gobierno irán siempre refrendados por su Presidente o por el Ministro a quien corresponda. 

Artículo catorce 
I. El Presidente del Gobierno habrá de ser español y será designado por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino. 
II. Su mandato será de cinco años. Quince días antes de expirar éste, el Consejo del Reino elevará la propuesta a que se refiere el párrafo anterior. 
III. El cargo de Presidente del Gobierno tendrá las incompatibilidades que señalen las Leyes. 
IV. Corresponde al Presidente del Gobierno representar al Gobierno de la Nación, dirigir la política general y asegurar la coordinación de todos los órganos de gobierno y administración. 
V. El Presidente del Gobierno, en nombre del Jefe del Estado, ejerce la Jefatura Nacional del Movimiento, asistido del Consejo Nacional y del Secretario General. 

Artículo quince 
El Presidente del Gobierno cesará en su cargo: 
a) Por expirar el término de su mandato. 
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino. 
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino. 
d) A propuesta del Consejo del Reino, por incapacidad apreciada por los dos tercios de sus miembros. 

Artículo dieciséis 
I. En caso de fallecimiento del Presidente del Gobierno o en los supuestos de los apartados b), c) y d) del artículo anterior, asumirá interinamente sus funciones el Vicepresidente o Vicepresidentes por el orden que se establezca o, si no hubiese Vicepresidente, el Ministro que designe el Jefe del Estado. 
II. En el plazo de diez días, se procederá a nombrar nuevo Presidente en la forma establecida en el artículo 14. 

Artículo diecisiete 
I. Los demás miembros del Gobierno serán españoles y su nombramiento y separación se efectuará por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno. 
II. Sus cargos tendrán las incompatibilidades que señalan las Leyes. 


Artículo dieciocho 
Los miembros del Gobierno cesarán en sus cargos: 
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno. 
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno, aceptada por el Jefe del Estado. 
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada la dimisión por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno. 

Artículo diecinueve 
El Presidente y los demás miembros del Gobierno, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán ante el Jefe del Estado juramento de fidelidad a éste, a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, así como de guardar secreto de sus deliberaciones. 

Artículo veinte 
I. El Presidente y los demás miembros del Gobierno son solidariamente responsables de los acuerdos tomados en Consejo de Ministros. Cada uno de ellos responderá de los actos que realice o autorice en su Departamento. 
II. La responsabilidad penal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno y la civil por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones, se exigirá ante el Tribunal Supremo de Justicia en pleno. 

TITULO IV. El CONSEJO NACIONAL 

Artículo veintiuno.

Son fines del Consejo Nacional, como representación colegiada del Movimiento, los siguientes: 
a) Fortalecer la unidad entre los hombres y entre las tierras de España. 
b) Defender la integridad de los Principios del Movimiento Nacional y velar porque la transformación y desarrollo de las estructuras económicas, sociales y culturales se ajusten a las exigencias de la justicia social. 
c) Velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas por las Leyes fundamentales y estimular la participación auténtica y eficaz de las entidades naturales y de la opinión pública en las tareas políticas. 
d) Contribuir a la formación de las juventudes españolas en la fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional e incorporar las nuevas generaciones a la tarea colectiva. 
e) Encauzar, dentro de los Principios del Movimiento, el contraste de pareceres sobre la acción política. 
f) Cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento Nacional. 


Artículo veintidós 
El Consejo Nacional estará constituido por los siguientes Consejeros: 
a) Un Consejero elegido por cada provincia, en la forma que establezca la Ley orgánica correspondiente. 
b) Cuarenta Consejeros designados por el Caudillo entre personas de reconocidos servicios. Al cumplirse las previsiones sucesorias, estos cuarenta Consejeros adquirirán el carácter de permanentes hasta cumplir la edad de setenta y cinco años, y las vacantes que en lo sucesivo se produzcan entre los mismos se proveerán por elección mediante propuesta en terna de este grupo de Consejeros al Pleno del Consejo. 
c) Doce Consejeros representantes de las estructuras básicas de la comunidad nacional: 
- Cuatro elegidos entre sus miembros por los Procuradores en Cortes representantes de la Familia. 
- Cuatro elegidos entre sus miembros por los Procuradores en Cortes representantes de las Corporaciones locales. 
- Cuatro elegidos entre sus miembros por los Procuradores en Cortes representantes de la Organización Sindical. 
d) Seis Consejeros designados por el Presidente del Consejo entre personas que presten relevantes servicios a los fines enumerados en el artículo anterior. 
e) El Secretario General, que ejercerá las funciones de Vicepresidente. 

Artículo veintitrés 
Para el cumplimiento de los fines señalados en el artículo 21, el Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
a) Promover la acomodación de las leyes y disposiciones generales a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino, ejerciendo a este efecto el recurso de contrafuero previsto en el título X de esta Ley. 
b) Sugerir al Gobierno la adopción de cuantas medidas estime convenientes a la mayor efectividad de los Principios del Movimiento y demás Leyes fundamentales del Reino, y en todo caso, conocer e informar antes de su remisión a las Cortes, cualquier proyecto o modificación de Ley fundamental. 
c) Elevar al Gobierno los informes o memorias que considere oportunos y evacuar las consultas que aquél le someta, pudiendo a tales efectos, requerir los antecedentes que considere convenientes. 

Artículo veinticuatro 
El Consejo Nacional funcionará en Pleno y en Comisión Permanente con arreglo a lo que disponga su Ley Orgánica. 

Artículo veinticinco 
El Presidente del Gobierno, por su condición de Jefe Nacional del Movimiento por delegación del Jefe del Estado, ejercerá la Presidencia del Consejo Nacional y de su Comisión Permanente, asistido del Secretario General, en quien podrá delegar las funciones que estime convenientes. 

Artículo veintiséis 
El Secretario General será designado por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno. El cargo de Secretario General tendrá las incompatibilidades que señalan las Leyes. 

Artículo veintisiete 
I. El Presidente del Consejo Nacional cesará en su cargo al cesar en el de Presidente del Gobierno. 
II. El Secretario General cesará en su cargo: 
a) Al cambiar el Presidente del Gobierno. 
b) Por iniciativa del Presidente del Gobierno, aceptada por el Jefe del Estado. 
c) A petición propia, cuando haya sido aceptada su dimisión por el Jefe del Estado a propuesta del Presidente del Gobierno. 
III. Los Consejeros Nacionales cesarán en su cargo: 
a) Al término de su mandato, los de los grupos a) y c); al cumplir los setenta y cinco años, los del grupo b), y por decisión del Presidente del Consejo, los del d). 
b) A petición propia, cuando haya sido aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, a propuesta del Presidente del Consejo. 
c) Por incapacidad apreciada por el Consejo. 
d) Por las demás causas que den lugar a su cese como Procurador en Cortes. 


Artículo veintiocho 
Una Ley orgánica establecerá las normas que regulen el Consejo Nacional. Una Ley orgánica establecerá las normas que regulen el Consejo Nacional. 

TITULO V. LA JUSTICIA 


Artículo veintinueve 
La Justicia gozará de completa independencia. Será administrada en nombre del Jefe del Estado, de acuerdo con las leyes, por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles y responsables con arreglo a la Ley. 

Artículo treinta 
Todos los españoles tendrán libre acceso a los Tribunales. La Justicia será gratuita para quienes carezcan de medios económicos. 

Artículo treinta y uno 
La función jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, en los juicios civiles, penales, contencioso-administrativos, laborales y demás que establezcan las Leyes, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en la Ley orgánica de la Justicia, según su diversa competencia. 

Artículo treinta y dos 
I. La Jurisdicción Militar se regirá por las leyes y disposiciones que privativamente la regulan. 
II. La Jurisdicción Eclesiástica tendrá por ámbito el que establezca el Concordato con la Santa Sede. 

Artículo treinta y tres 
La alta inspección de la Justicia corresponde al Presidente del Tribunal Supremo, el cual será designado entre juristas españoles de reconocido prestigio. 

Artículo treinta y cuatro 
Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por algunas de las causas y con las garantías prescritas en las Leyes. 

Artículo treinta y cinco 
I. El Ministerio Fiscal, órgano de comunicación entre el Gobierno y los Tribunales de Justicia, tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la Ley y procurar ante los Juzgados y Tribunales el mantenimiento del orden jurídico y la satisfacción del interés social. 
II. Las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal, se ejercerán por medio de sus órganos, ordenados conforme a los principios de unidad y dependencia jerárquica. 

Artículo treinta y seis 
Las autoridades y organismos de carácter público, así como los particulares, están obligados a prestar a los Juzgados y Tribunales el auxilio necesario para el ejercicio de la función jurisdiccional. 

TITULO VI . LAS FUERZAS ARMADAS 

Artículo treinta y siete 
Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional. 

Artículo treinta y ocho 
Una Junta de Defensa Nacional, integrada por el Presidente del Gobierno, los Ministros de los Departamentos militares, el Jefe del Alto Estado Mayor y los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, propondrá al Gobierno las líneas generales concernientes a la seguridad y defensa nacional. A esta Junta de Defensa Nacional podrán ser incorporados los Ministros o Altos Cargos que, por el carácter de los asuntos a tratar, se considere conveniente. 

Artículo treinta y nueve 
Un Alto Estado Mayor, dependiente del Presidente del Gobierno, será el órgano técnico de la Defensa Nacional, con la misión de coordinar la acción de los Estados Mayores de los tres Ejércitos. 


TITULO VII . LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 


Artículo cuarenta 
I. La Administración, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el cumplimiento de los fines del Estado en orden a la pronta y eficaz satisfacción del interés general. 
II. Los órganos superiores de la Administración, su respectiva competencia y las bases del régimen de sus funcionarios, vendrán determinados por Ley. 
III. La Administración estará asesorada por los órganos consultivos que establezca la Ley. 
IV. El Consejo de Estado es el supremo cuerpo consultivo de la Administración, y su competencia y funcionamiento se ajustarán a lo que disponga la Ley. 
V. El Consejo de Economía Nacional es el órgano consultivo, asesor y técnico en los asuntos de importancia que afecten a la economía nacional. 

Artículo cuarenta y uno 
I. La Administración no podrá dictar disposiciones contrarias a las Leyes, ni regular, salvo autorización expresa de una Ley, aquellas materias que sean de la exclusiva competencia de las Cortes. 
II. Serán nulas las disposiciones administrativas que infrinjan lo establecido en el párrafo anterior. 

Artículo cuarenta y dos 
I. Las resoluciones y acuerdos que dicte la Administración lo serán con arreglo a las normas que regulan el procedimiento administrativo. 
II. Contra los actos y acuerdos que pongan fin a la vía administrativa podrán ejercitarse las acciones y recursos que procedan ante la jurisdicción competente, de acuerdo con las Leyes. 
III. La responsabilidad de la Administración y de sus autoridades, funcionarios y agentes podrá exigirse por las causas y en la forma que las Leyes determinan. 

Artículo cuarenta y tres 
Todas las autoridades y funcionarios públicos deben fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes fundamentales del Reino y prestarán, antes de tomar posesión de sus cargos, el juramento correspondiente. 

Artículo cuarenta y cuatro 
Al Tribunal de Cuentas del Reino corresponde, con plena independencia, el examen y comprobación de las cuentas expresivas de los hechos realizados en ejercicio de las Leyes de Presupuestos y de carácter fiscal, así como las cuentas de todos los organismos oficiales que reciban ayuda o subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y de sus Organismos autónomos, y realizar las demás funciones que le señale su Ley orgánica 


TITULO VIII. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 


Artículo cuarenta y cinco 
I. Los Municipios son entidades naturales y constituyen estructuras básicas de la comunidad nacional, agrupándose territorialmente en Provincias. 
II. La Provincia es circunscripción determinada por la agrupación de Municipios, a la vez que división territorial de la Administración del Estado. También podrán establecerse divisiones territoriales distintas de la Provincia. 

Artículo cuarenta y seis 
I. Los Municipios y las Provincias tienen personalidad jurídica y capacidad plena para el cumplimiento de sus fines peculiares en los términos establecidos por las Leyes, sin perjuicio de sus funciones cooperadoras en los servicios del Estado. 
II. Las Corporaciones municipales y provinciales, órganos de representación y gestión del Municipio y la Provincia, respectivamente, serán elegidas por sufragio articulado a través de los cauces representativos que señala el artículo 10 del Fuero de los Españoles. 

Artículo cuarenta y siete 
El Estado promueve el desarrollo de la vida municipal y provincial, protege y fomenta el patrimonio de las Corporaciones locales y asegura a éstas los medios económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Artículo cuarenta y ocho 
El régimen de la Administración local y de sus Corporaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos anteriores y las garantías exigidas por el bien común en este orden, vendrá determinado por la Ley. 


TITULO IX. RELACIONES ENTRE LOS ORGANOS DEL ESTADO 


Artículo cuarenta y nueve 
Las Cortes Españolas serán inmediatamente informadas del nombramiento de nuevo Gobierno y de la sustitución de cualquiera de sus miembros. 

Artículo cincuenta 
Además de su participación en las tareas legislativas, compete a las Cortes, en relación con el Jefe del Estado: 
a) Recibir al Jefe del Estado y al heredero de la Corona, al cumplir éste los treinta años, juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes fundamentales del Reino. 
b) Resolver, de acuerdo con la Ley de Sucesión, todas las cuestiones que puedan surgir en orden a la sucesión en la Jefatura del Estado. 
c) Autorizar al Jefe del Estado para realizar aquellos actos que, por Ley fundamental, requieran la intervención de las Cortes. 
d) Las demás que a este respecto les confieran las Leyes fundamentales. Artículo cincuenta y uno 
El Gobierno podrá someter a la sanción del Jefe del Estado disposiciones con fuerza de Ley con arreglo a las autorizaciones expresas de las Cortes. 

Artículo cincuenta y dos 
Salvo el caso previsto en el artículo anterior y los comprendidos en el apartado d) del artículo 10 de esta Ley y en el 13 de la Ley de Cortes, el Gobierno no podrá dictar disposiciones que, de acuerdo con los artículos 10 y 12 de la Ley de Cortes, deban revestir forma de Ley. 

Artículo cincuenta y tres 
El Presidente del Gobierno y los Ministros informaran a las Cortes acerca de la gestión del Gobierno y de sus respectivos Departamentos y, en su caso, deberán responder a ruegos, preguntas e interpelaciones que se hicieren reglamentariamente. 

Artículo cincuenta y cuatro 
I. Corresponde al Gobierno acordar la redacción del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes su aprobación, enmienda o devolución. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico siguiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 
II. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, sólo el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento de los gastos públicos o disminución de los ingresos, y toda proposición de ley, o enmienda a un proyecto o proposición de ley que entrañe aumento de gastos o disminución de ingresos, necesitará la conformidad del Gobierno para su tramitación. 
III. El Gobierno someterá a la aprobación de las Cortes la Cuenta General del Estado, una vez examinada y comprobada por el Tribunal de Cuentas del Reino. 

Artículo cincuenta y cinco 
El Tribunal de Cuentas del Reino, en el ejercicio de su función fiscalizadora, deberá poner en conocimiento del Gobierno y de las Cortes, a través de las correspondientes memorias e informes, la opinión que le merezcan los términos en que hayan sido cumplidas las Leyes de Presupuestos y las demás de carácter fiscal, conforme a lo prevenido en la Ley que regula esta obligación y asimismo en todos aquellos casos en que, por su excepcional importancia, considere que debe hacer uso de esta facultad. 

Artículo cincuenta y sei
Sólo el Jefe del Estado puede pedir dictamen al Consejo del Reino. 


Artículo cincuenta y siete 
Corresponde al Jefe del Estado decidir, conforme a las Leyes, las cuestiones de competencia entre la Administración y los Jueces o Tribunales ordinarios y especiales y las que se produzcan entre el Tribunal de Cuentas y la Administración o entre dicho Tribunal y los demás Tribunales ordinarios y especiales. 

Artículo cincuenta y ocho 
I. Los Presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas del Reino y del Consejo de Economía Nacional, serán designados por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino. 
II. Su mandato será de seis años y sus cargos tendrán las incompatibilidades que señalen las Leyes. 

III. Su cese se producirá: 
a) Por expirar el término de su mandato. 
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión por el Jefe del Estado, oído el Consejo del Reino. 
c) Por decisión del Jefe del Estado, de acuerdo con el Consejo del Reino. 
d) A propuesta del Consejo del Reino, por incapacidad apreciada por los dos tercios de sus miembros. 


TITULO X. EL RECURSO DE CONTRAFUERO 

Artículo cincuenta y nueve 
I. Es contrafuero todo acto legislativo o disposición general del Gobierno que vulnere los Principios del Movimiento Nacional o las demás Leyes fundamentales del Reino. 
II. En garantía de los principios y normas lesionados por el contrafuero se establece el recurso ante el Jefe del Estado. 

Artículo sesenta 
Podrán promover recurso de contrafuero: 
a) El Consejo Nacional en todo caso, por acuerdo adoptado por las dos terceras partes de sus Consejeros. 
b) La Comisión Permanente de las Cortes en las disposiciones de carácter general del Gobierno, mediante acuerdo adoptado por la mayoría de dos tercios de sus componentes. 

Artículo sesenta y uno 
I. El recurso de contrafuero se entablará ante el Consejo del Reino en el plazo de dos meses a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la ley o la disposición de carácter general que lo motive. 
II. El Presidente del Consejo del Reino dará cuenta inmediata al Jefe del Estado de la interposición del recurso de contrafuero y lo pondrá en conocimiento de la Comisión Permanente de las Cortes o del Presidente del Gobierno, según corresponda, a los efectos de que si lo estiman necesario, designen un representante que defienda ante el Consejo del Reino la legitimidad de la ley o disposición de carácter general recurrida. 
III. El Consejo del Reino, de concurrir fundados motivos, podrá proponer al Jefe del Estado la suspensión, durante la tramitación del recurso, de la ley o disposición de carácter general recurrida o, en su caso, del precepto o preceptos de ella que resulten afectados por el recurso. 

Artículo sesenta y dos 
I. El Consejo del Reino solicitará dictamen acerca de la cuestión planteada por el recurso de contrafuero a una Ponencia presidida por un Presidente de Sala del Tribunal Supremo de Justicia e integrada por un Consejero Nacional, un Consejero Permanente de Estado, un Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y un Procurador en Cortes, designados por la Comisión Permanente de las instituciones respectivas y, en el caso del Tribunal Supremo, por su Sala de Gobierno. Dicho dictamen se elevará al Consejo del Reino con expresión de los votos particulares, si los hubiere. 
II. El Consejo del Reino, presidido a estos efectos por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, propondrá al Jefe del Estado la resolución que proceda. 

Artículo sesenta y tres 
En el supuesto de que la Comisión Permanente de las Cortes advirtiera vulneración de los Principios del Movimiento o demás Leyes fundamentales en un proyecto o proposición de ley dictaminado por la Comisión correspondiente de las Cortes, expondrá su parecer, en razonado escrito, al Presidente de las Cortes, dentro de los ocho días siguientes a la publicación del dictamen en el “Boletín Oficial” de éstas, quien lo trasladará a la Comisión que lo hubiere dictaminado para que someta a nuevo estudio el proyecto o proposición de ley de que se trate. Entre tanto, se suspenderá su inclusión en el orden del día del Pleno o, en su caso, será retirado del mismo. 

Artículo sesenta y cuatro 
La resolución que anule por contrafuero el acto legislativo o disposición de carácter general del Gobierno que haya sido objeto de recurso, obligará a la inmediata publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la nulidad acordada, con el alcance que en cada caso proceda. 

Artículo sesenta y cinco 
I. El Jefe del Estado, antes de someter a referéndum un proyecto o proposición de ley elaborados por las Cortes, interesará del Consejo Nacional que manifieste, en plazo de quince días, si a su juicio existe en la misma motivo para promover el recurso de contrafuero. 
II. Si el Consejo Nacional entendiera que dicho motivo existe, procederá a entablarlo en la forma prevista en el artículo sesenta y uno. En caso contrario, así como en el de quedar desestimado dicho recurso, la ley podrá ser sometida a referéndum, y después de su promulgación no podrá ser objeto de recurso de contrafuero. 

Artículo sesenta y seis 
Una ley especial establecerá las condiciones, la forma y los términos en que haya de promoverse y sustanciarle el procedimiento a que dé lugar el recurso de contrafuero. 


DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera 
I. Cuando se cumplan las previsiones de la Ley de Sucesión, la persona llamada a ejercer la Jefatura del Estado, a título de Rey o de Regente, asumirá las funciones y deberes señalados al Jefe del Estado en la presente Ley. 
Las atribuciones concedidas al Jefe del Estado por las Leyes de 30 de enero de 1938 y de 8 de agosto de 1939, así como las prerrogativas que le otorgan los artículos 6° y 13° de la Ley de Sucesión, subsistirán y mantendrán su vigencia hasta que se produzca el supuesto a que se refiere el párrafo anterior III. La Jefatura Nacional del Movimiento corresponde con carácter vitalicio a Francisco Franco, Caudillo de España. Al cumplirse las previsiones sucesorias, pasará al Jefe del Estado y, por delegación de éste, al Presidente del Gobierno. 


Segunda 
Al constituirse la próxima legislatura de las Cortes entrarán en vigor las modificaciones introducidas por la disposición adicional tercera del texto originario de la presente Ley (“Boletín Oficial del Estado” número 9, de 11 de enero de 1967) en los artículos 2% 6° y párrafo 5 del 7° de la Ley de Cortes, y seguidamente las operadas en el Consejo del Reino según la nueva redacción del artículo 4° de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado establecida en la disposición adicional 4a; del citado texto originario. 


Tercera 
Con las salvedades previstas en la precedente disposición transitoria, la presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su promulgación. 


Cuarta 
En el plazo de cuatro meses a contar desde la promulgación de la presente Ley, se publicarán los textos refundidos de las Leyes fundamentales, en los que se recogerán las modificaciones a que se hace referencia en las disposiciones adicionales del ya citado texto originario de la presente Ley, previo dictamen del Consejo del Reino y deliberación del Consejo de Ministros. 


Quinta 
El Gobierno, en el plazo más breve posible, presentará a las Cortes los proyectos de ley y dictará las disposiciones conducentes a la debida ejecución de la presente Ley. 

DISPOSICIONES FINALES

 Primera 
A partir de las fechas de entrada en vigor de esta Ley, quedarán derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en la misma. 

Segunda 
La presente Ley tiene el carácter de Ley fundamental definido en el artículo 10 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.



El tema central del texto es la nueva organización del Estado tras varias décadas de franquismo ambiguo.

En cuanto a las principales ideas, de nuevo, como ocurre en la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 y en textos fundamentales anteriores, se hace referencia a las características de España como nación: reino, soberanía nacional…, los fines del Estado,  la figura y funciones del Jefe del Estado y la figura del Presidente del Gobierno. 
En diciembre de 1966 el régimen franquista trató de responder al desarrollo del país con una actualización de las leyes. Ésta se realizó a través de la Ley Orgánica del Estado que fue sometida a referéndum según la Ley de Referéndum Nacional.

En cuanto al contenido del articulado, podemos comprobar los siguientes aspectos: 
• En primer lugar, el objetivo de la ley. Ésta es promulgada para culminar la institucionalización del Estado iniciada con leyes fundamentales anteriormente promulgadas.
• En segundo lugar, las características de España como nación. En los artículos primer y segundo de esta ley podemos apreciar sus características. Se recoge que el estado español es un reino y que esta es la principal institución de toda la comunidad. Asimismo, se recoge que la soberanía nacional es indivisible y que no es susceptible de cesión.
• En tercer lugar, los fines del Estado. En el artículo tercero se muestran los objetivos del Estado, que son: la defensa de la unidad, integridad, independencia y seguridad de la nación. Todo esto se realiza conforme a las disposiciones del Movimiento Nacional basándose en su inspiración y manteniéndose fieles a él, como ya detectamos en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, anterior FET de las JONS.
• En cuarto lugar, la figura y las funciones del Jefe del Estado. En el artículo sexto podemos apreciar que el Jefe del Estado, función que recaía sobre Francisco Franco, es el máximo representante del país y por ello desarrolla todas las funciones que este cargo conlleva. Entre ellas destacan: personificar la soberanía nacional, ejercer los poderes que poseía, presidir el partido único y cuidar el cumplimiento de las leyes, aprobar y promulgar leyes, dirigir los tres ejércitos (Tierra, Mar y Aire) como generalísimo de los Ejércitos (designación de 1 de octubre de 1936), administrar la justicia y recibir a los demás representantes diplomáticos realizando los actos oficiales que le correspondan.
• Por último, la figura del Presidente del Gobierno. En el artículo 14 de este fragmento de la Ley Orgánica del Estado de 1967 se recoge que la nacionalidad del Presidente del Gobierno deberá ser española y que será designado por el por Jefe del Estado con la intervención del Consejo de Reino. Es decir, ante la eventual desaparición del jefe del Estado, y por su avanzada edad, se estaba pensando en desgajar la figura de la Presidencia del Gobierno de la Jefatura, hecho que hasta entonces no había ocurrido.

- Otro elemento de singular importancia es el Ejército, que, dividido en una rama de intervención exterior, y otra para cuestiones internas, era el responsable de la unidad de España y de su seguridad, como aparece en el artículo 37. Pero es que, además, se incluye dentro de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Orden Público, lo que determinaba el carácter de la Policía Armada y de la Guardia Civil. 
El generalísimo era muy reacio a fijar en exceso y en detalle las atribuciones del poder y se opuso frontalmente a una constitución que recordase el período liberal. Cuando se decidió a institucionalizar su gobierno personal, fue en respuesta a acontecimientos externos y a presiones de quienes quería asegurarse la continuidad del franquismo en España. Ello obligó a promulgar un conjunto de leyes complejas, y a veces contradictorias, que aparecían según las necesidades políticas del régimen. En la primavera de 1938, Franco decretó el Fuero del  Trabajo, que articulaba las relaciones del mundo del trabajo y establecía los fundamentos sobre los que se organizaría la economía del nuevo Estado. Un apéndice del Estado, el sindicato único obligatorio, vertical, entregado a la Falange, se encargaba del encuadramiento laboral, pero no del diseño de la economía, como pretendían los nacionalsindicalistas.
La ley constitutiva de las Cortes fue promulgada en 1942, aconsejada por la evolución del contexto europeo, que ya empezaba a decantarse a favor de las democracias occidentales. Democracias que estaban ganando en en conflicto mundial. 
Terminada la Segunda Guerra Mundial, Franco publicó en 1945 el Fuero de los Españoles, como otra operación de maquillaje del régimen ante las exigencias democráticas de los vencedores. Solo en apariencia era una declaración de derechos individuales y libertades públicas, ya que este texto también contenía el procedimiento de supresión, que era sencillo. En realidad, el texto proponía un sistema político autoritario de carácter confesional con derechos limitados y sólo aprovechables por quienes no se oponían al régimen.
En el mismo año, el Fuero de los Españoles fue completado por la Ley del Referéndum, que pretendía mostrar que en España estaba reconocido el sufragio universal dentro de un sistema político conceptualizado como "democracia orgánica", y no como un sistema totalitario.
Tras diez años de vida del régimen, la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado fue sometida a referéndum y aprobada en uno de los pucherazos de la historia del régimen por más del 93 % de los votantes, con solo una abstención del 18 %. La ley declaraba a España como “reino”, con un jefe del Estado que era el general Franco. Un jefe del Estado que tenía el derecho de nombrar a su sucesor.
En 1958, sin deliberación previa de las Cortes, Franco promulgó la Ley de Principios del Movimiento Nacional. La ley suponía la incorporación institucional de la doctrina falangista, pero descontextualizada, ya que se atribuía a un vago "Movimiento Nacional" como único partido permitido, sin ser considerado "partido" en términos de la democracia occidental.
Después de otro período largo sin leyes fundamentales, a mediados de los años sesenta, el régimen trató de responder al desarrollo material del país con un simulacro de actualización de su entramado legislativo. Publicada y sometida a referéndum en diciembre de 1966, la Ley Orgánica del Estado introdujo algunas novedades funcionales, como la separación de los cargos de jefe del Estado y presidente del Gobierno, aunque este no se cubrirá hasta 1973.
Como conclusión, podemos apuntar lo siguiente: 
a.      El texto analizado hace referencia a la “Ley  Orgánica del Estado” del año 1967 que supuso una actualización de las leyes.
b.      En este fragmento de la misma se hace referencia a las principales cuestiones del Estado, tales como sus características, fines, y representantes (Jefe del Estado y Presidente del Gobierno).
c.       Esta ley forma parte de las bases jurídicas del régimen franquista.
d.      La  sociedad española se mostró insatisfecha con las leyes del régimen ya que sentían indefensión e inseguridad jurídica. El franquismo ignoró los principios constitutivos de todo Estado democrático como la separación de poderes, la normalidad judicial, el principio de igualdad (roto por la existencia de tribunales de excepción) o las libertades de reunión y expresión (consideradas peligrosas para la seguridad del Estado), pese a las ideas que ya apuntamos previamente en las notas sobre el Fuero de los Españoles y el Fuero del Trabajo, documentos donde aparecen los derechos de los españoles y las libertades públicas, así como las condiciones de su supresión.