miércoles, 24 de mayo de 2017

Resolución del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA

La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, LOAPA, ideada unos días antes del intento de golpe de Estado de 1981, pero promulgada después, fue denunciada ante el Tribunal Constitucional, que decidió el siguiente FALLO, ya en el período del PSOE

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
Ha decidido
1.º Estimar parcialmente los recursos acumulados 311, 313, 314, 315 y 316/1982, y, en su virtud, declarar:
a) Que el Proyecto de Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) no puede promulgarse como Ley orgánica, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico segundo.
b) Que el Proyecto de LOAPA no puede promulgarse como Ley armonizadora, de acuerdo con lo señalado en el fundamento jurídico tercero.
c) Que son inconstitucionales los arts. 1, 2, 3, 4, 5.1, 2 y 3; 7.1 y 2 (párrafo segundo), 9, 10, 22 c), 23, 24.2, 34.1 y 37.2, así como los incisos contenidos en los artículos 32.2 a) y 37.1: «en función de la implantación real de la misma» [art. 32.2 a)] y «de conformidad con lo que disponga la legislación prevista en el art. 149.1.18.ª de la misma, y la que, en su desarrollo, puedan dictar las Comunidades Autónomas» (art. 37.1 ), por vulnerar los preceptos constitucionales en los términos fijados en los correspondientes fundamentos jurídicos de esta Sentencia.
2.º Desestimar los recursos en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».
Dada en Madrid, a cinco de agosto de mil novecientos ochenta y tres. 

lunes, 22 de mayo de 2017

El período entre las elecciones de 1979 y las elecciones de 1982. Breves notas

Tras la aprobación de la Constitución en referéndum el 6 de diciembre de 1978, Adolfo Suárez era partidario de convocar elecciones de forma inmediata y disolver las Cortes. Así pues, en el I Congreso nacional de UCD en octubre de 1978, se iniciaron los preparativos de dicha confrontación electoral, que tendría lugar en marzo de 1979. 
En estas elecciones, la UCD personificó el centro democrático, mientras que la derecha la ocupó la Coalición Democrática, formada por AP sin franquistas y algunos centristas como Areilza u Ossorio. Respecto a la izquierda, en este punto estaban los comunistas (PCE y otras formaciones) y el PSOE, que aún era demasiado radical, con lo que no podría aún acceder al poder.
En las elecciones generales de marzo de 1979 ganó UCD seguido del PSOE (al que se incorporó el PSP de Tierno Galván). En tercer lugar quedó el PCE, y, en cuarto, la Coalición Democrática (formada principalmente por Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular). No obstante, al igual que en 1977, el partido del Gobierno no ganó con mayoría absoluta, sino con mayoría simple. Por ello, necesitaba pactar.
Justo después de estas elecciones generales, tuvieron lugar las elecciones municipales en las que UCD ganó de nuevo. Sin embargo, la UCD fue mayoritaria también porque Coalición Democrática, la principal fuerza de la derecha, no concurrió. 
Estas elecciones fueron históricas ya que en los cuarenta años anteriores, los alcaldes no eran elegidos por el pueblo, sino que eran designados por las autoridades franquistas (en los municipios de más de 10.000 habitantes, por el ministro de la Gobernación, y, en los de menos, por el jefe provincial del Movimiento, que era también el Gobernador civil).
Los concejales del sistema franquista, como sabemos, eran elegidos por tercios. Uno de ellos eran los padres de familia del municipio (hombres, viudas y mujeres solteras de más de 25 años). Otro tercio correspondía a los sindicatos que existían en el término municipal, y, el último, estaba formado por concejales designados entre los concejales de los dos tercios anteriores entre las personas más importantes del citado término municipal, o entre los pertenecientes a asociaciones culturales. Por ello, un sistema completamente orgánico. Sin embargo, las elecciones de 1979 fueron las primeras en las que se aplicaba el sufragio inorgánico a nivel local.  

El período posterior a 1979: 

En el año y medio que siguieron a las elecciones generales de marzo de 1979, se produjo la caída como político y como presidente de Adolfo Suárez.
En realidad, el presidente del Gobierno cometió varios errores que le desgastaron mucho. El primero de ellos tuvo lugar en el propio debate de investidura para la formación de un nuevo gobierno. En este caso, el presidente pretendió una votación sin debate, con lo que demostró desconocer los mecanismos del parlamentarismo democrático.
En cuanto a la composición de este nuevo gabinete, los ministros eran menos brillantes intelectualmente que en el anterior, pero, al menos, este gobierno tendió a superar las baronías autónomas (en palabras de Javier Tusell).
En este período se percibió el impacto de la crisis económica como consecuencia de la elevación de los precios de los recursos energéticos, además de los problemas derivados de los nacionalismos periféricos.
Como ejemplo de estas tensiones tenemos las primeras elecciones autonómicas, de marzo de 1979. En ellas vencieron los nacionalistas. Cuando en febrero de 1980 se planteó el acceso de Andalucía a la autonomía con un techo competencial inferior al que disfrutaban las regiones con precedentes históricos, los andaluces protestaron por sufrir un agravio comparativo. El Gobierno fomentó la abstención en contra del Estatuto (que sería adoptado por la vía del artículo 151, en vez del artículo 143, que era la vía general para el resto de autonomías), por lo que algún miembro del Gobierno dimitió (el andaluz Manuel Clavero). Es decir, hubo tensiones porque había políticos que defendían un acceso a la autonomía en igualdad de derechos que Cataluña, Galicia o el País Vasco (la vía del artículo 151), y otros que defendían la utilización de la vía del artículo 143, la general. 
Esta crisis benefició al PSOE. Por tanto, la consecuencia política de las medidas sobre la organización del Estado fue el debilitamiento del partido del gobierno. Debilitamiento que se agudizó por las disputas internas por causas ideológicas, pero también por motivos de filiación personal.
En mayo de 1980 Suárez nombró un nuevo gobierno en el que la figura más descollante era Fernando Abril Martorell, el vicepresidente del Gobierno, un hombre muy trabajador y eficaz en asuntos económicos, pero mal parlamentario que acabó creando problemas en el seno de su propio partido por su exceso de poder. Era el segundo gobierno parlamentario de Suárez y las tensiones eran demasiado importantes. 
A todo ello se sumó la actitud del PSOE, que sometió a UCD a un voto de censura al acusar a Suárez de dirigir de forma demasiado personalista el partido y el gobierno. 
Como consecuencia, se creó una Comisión permanente de UCD, que en septiembre de 1980 se constituyó como nuevo gobierno en el que se prescindió del polémico Fernando Abril Martorell, pero no se frenó el proceso de descomposición del partido gubernamental. Por ello, la desintegración de UCD no se puede achacar sólo a Suárez, sino a la actitud de los dirigentes de UCD.
Y, en este momento de crisis institucional, incluso algún socialista llegó a hablar de un gobierno de gestión presidido por un militar. Es decir, la solución propuesta por alguno de los golpistas del 23-F
A raíz de todas estas presiones, Suárez presentó su dimisión  como Presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981, pese a que lo previsto era que siguiera en el poder hasta 1983, cuando concluía la legislatura.
A lo largo del proceso de transición a la democracia, sólo cuando el Gobierno legalizó al PCE, hubo reales posibilidades de una acción de los militares. Anteriormente manifestaban su malestar dimitiendo de los cargos que ostentaban, pero nada más.
El Ejército provenía de un régimen en el que había desempeñado un papel muy relevante que trascendió más allá de una función defensiva ante el exterior, ya que, como en todo sistema represivo, era el garante del orden público. Esta situación iba a cambiar con la llegada de la democracia.
Además, el Ejecutivo redujo el porcentaje del PNB destinado a defensa, pese a que el número de profesionales ha sido considerado demasiado alto por algunos historiadores. Y, a finales de 1978, se modificaron las reales ordenanzas que limitaban la jurisdicción militar y en 1980 se cambió parcialmente el Código de Justicia Militar así como los principios básicos de la organización castrense por medio de una Ley Orgánica.
Sumado a todo esto, la comentada legalización del PCE. Evidentemente, el resultado era un fuerte malestar entre algunos militares, como el teniente coronel de la Guardia Civil Tejero, el teniente general Torres Rojas y el teniente general Milans del Bosch.
Como consecuencia de este descontento (que ya había cristalizado en el intento de golpe de Estado, en 1978, en la operación Galaxia) el gobierno relegó a puestos de menor importancia o peligrosidad a los militares potencialmente más peligrosos.
Y en todo este clima, la descomposición del partido del gobierno, UCD: se facilitaba así el clima conspirador, que se tramaba desde julio de 1980.
Además, ante la crisis gubernamental, hubo personalidades como Tamames desde la izquierda, u Ossorio desde la derecha, que comentaron la posibilidad de formar un gobierno de carácter excepcional presidido por un militar, demostrando lo que algunos historiadores como Tusell han calificado como actitud irresponsable.
Los hechos concretos del 23-F ocurrieron en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, durante la segunda votación para la investidura del sucesor de Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno. En ese momento, el teniente coronel Tejero tomó con alrededor de 400 guardias civiles el Congreso de los Diputados, secuestrando a los allí presentes, esperando a la autoridad militar competente que decidiera lo que se tenía que realizar. Y lo hizo en nombre del rey. Es decir, los golpistas, con ese golpe de mano, pretendían deponer al Gobierno legítimo e imponer una solución a los representantes de la soberanía nacional.
Sin embargo, no iba a ser tan fácil hacerse con las riendas del Estado. Los golpistas necesitaban una sublevación militar en la periferia, y, en principio, el teniente general Milans del Bosch, capitán general de valencia, así lo hizo en la Región Militar en la que estaba destinado, al sacar los tanques a la calle. Este militar esperaba órdenes del Comandante en Jefe de las Fuerzas armadas, el Rey.
El resto de los generales no siguieron los actos del sublevado, pese a que en Madrid el teniente general Torres Rojas iba a intentar sublevar la División Acorazada Brunete. Los golpistas tampoco logran el apoyo del monarca, quien no autorizó la presencia en el Congreso del general Armada (una de las posibles soluciones a la crisis institucional del Gobierno), o del citado Milans del Bosch. Es más, el momento decisivo de la derrota del golpe de Estado fue la intervención de don Juan Carlos en televisión.
Como causas del fracaso cabe citar:

Ø  La citada actuación del Rey.

Ø  Los altos mandos militares que cumplieron con su deber, como Gabeiras, Quintana Lacaci, Aramburu Topete (de la Guardia Civil) y Sáenz de Santamaría (director de la Policía Nacional).

Ø  Las deficiencias en la conspiración, en la que no había un líder claro, además de la incompatibilidad de los principales conspiradores.

Como consecuencia del golpe, se desprestigió todo tipo de conspiración militar, y se fortaleció la institución monárquica. Además, entre otros aspectos, en el seno del Ejército se abolió la obligatoriedad, definida dentro de las Ordenanzas de Carlos III, de obedecer sin cuestionamiento, las órdenes de un superior.
Y, para acabar, el período de Calvo Sotelo
La persona que sugirió Adolfo Suárez como su sucesor al frente del Ejecutivo fue Leopoldo Calvo Sotelo. Este político ya había desempeñado puestos como procurador en Cortes por el tercio sindical, durante el régimen franquista. Por ello, procedía del sistema político del general Franco, durante el cual había sido un monárquico juanista. Como consecuencia, era más derechista que el presidente saliente, pero también más sólido.
Su gobierno se tuvo que enfrentar a problemas económicos como los generados por la segunda subida de precios del petróleo (provocada entre otros factores por la excesiva dependencia energética del exterior y ante la que sólo logra reducir el crecimiento de los precios y una parcial moderación en el crecimiento del paro) o sociales como el del aceite de colza adulterado que provocaron su deterioro político. Como solución a esta subida de precios propuso la moderación salarial para frenar la inflación y mantener la inversión exterior, que era necesaria para la entrada de tecnología que sustituyera la mano de obra humana por la maquinaria.
Como méritos suyos cabe citar:
Ø  El juicio a los culpables del 23-F (en 1982 se juzgó a 32 personas).

Ø  La Ley de Defensa de la Constitución, que reprime cualquier intentona golpista.

Ø  La LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico) que fue aprobada sin los vascos ni los catalanes ni comunistas. Constituyó la concreción del Título VIII de la Constitución de 1978, puesto que las autonomías sabían, con ella, a qué competencias podían aspirar y a cuáles no. Así, la mayoría de los Estatutos de Autonomía se aprobaron bajo esa ley, aunque dos años más tarde fue declarada anticonstitucional.

Ø  El ANE (Acuerdo Nacional por el Empleo, firmado por el PSOE).

Ø  La Ley de Divorcio de marzo de 1981 que desembocó en el primer caso de indisciplina parlamentaria por parte del sector más conservador de UCD.

Ø  La Ley de Autonomía Universitaria, que se pactó con el PSOE y que generó la indignación de la derecha del partido. Por ello, no se llegó a aprobar.

Ø  El intento de regulación de la televisión privada, que tampoco se llegó a aprobar.

Ø  La entrada en la OTAN, en diciembre de 1981, que fue ratificada por el PSOE en 1986
Sin embargo, tuvo que enfrentarse a un segundo intento de golpe de Estado militar, en 1982.

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LOS PRINCIPALES PARTIDOS

1-      La descomposición de UCD

La descomposición del partido del Gobierno fue simultánea a la del Gobierno mismo. Había demasiadas divergencias ideológicas, que eran lógicas en un partido político, pero UCD no estaba consolidado como tal. De esta forma, hubo un goteo ininterrumpido de abandonos de UCD. Estos políticos, o bien desembocaron en otros partidos, o bien crearon unos nuevos. Uno de ellos fue Suárez, quien no dimitió sólo como Presidente del Gobierno, sino como Presidente del partido, cargo para el que fue elegido Agustín Rodríguez Sahagún. Mientras tanto, Fernández Ordóñez, del sector socialdemócrata, dimitió. El partido se estaba descomponiendo, pese a que Calvo Sotelo sustituyó a Rodríguez Sahagún. Y, en 1982, el goteo de personalidades centristas que abandonaron el partido gubernamental continuó con el paso de Miguel Herrero de Miñón a AP y de Fernández Ordóñez y otros al Grupo Mixto. Es decir, se escindieron, fundamentalmente, los socialdemócratas, que acabarían en PSOE (Fernández Odóñez) y los democristianos, que desembocaron en AP (Herrero de Miñón).
En ese 1982, en las elecciones autonómicas andaluzas, ascendió AP y UCD retrocedió. Suárez, que ya había abandonado su partido, fundó el Centro Democrático y Social (CDS), y Óscar Alzaga y otros, el Partido Demócrata Popular, de corte democristiano. Otros políticos centristas fundaron el Partido Demócrata Liberal. De esta forma, cuando Calvo Sotelo disolvió las Cortes en agosto, UCD casi estaba liquidado por completo. En realidad no existió nunca como partido político consolidado y no llegó a calar en la sociedad.

2-      El PSOE

El descalabro de UCD presentó excelentes oportunidades para el PSOE. Pero para ello antes se tuvo que transformar. Este cambio se desarrolló en los dos congresos del partido en 1979 (XVIII y XVIII bis) en los que pasó de los tradicionales planteamientos radicales del socialismo a posturas reformistas, como estaba ocurriendo en todo el socialismo europeo. Es decir, que se fue eliminando el marxismo de los fundamentos ideológicos del partido. Una eliminación que no fue nominal, pero sí fue real. Todo empezó cuando Felipe González, en el Congreso de mayo de 1979 (el citado XVIII Congreso del PSOE), renunció al marxismo, anunciando que había que ser socialistas antes que marxistas. En septiembre, en el XVIII bis, tras las elecciones generales de marzo, y las municipales de abril, el PSOE decidió renunciar al marxismo, aunque nominalmente no lo hizo del todo. El partido estaba entonces implantado sobre todo en las clases medias y entre gran parte de los profesionales liberales, que no iban a aceptar la pervivencia de ese principio revolucionario.
En este proceso de transformación, ejerció un papel muy importante el ascenso a la dirección del partido del equipo dirigido por el citado Felipe González, un joven abogado que procedía del catolicismo de izquierdas. Éste líder consideraba que el Partido Socialista debía desplazarse al centro político desplazando del mismo a UCD pero para ello el marxismo tenía que desaparecer como principio ideológico. Ahora bien, aunque el monoteísmo marxista hubiera desaparecido, continuó su mensaje radical en aspectos como las libertades, el desarrollo constitucional, el federalismo, las relaciones económicas (en las que el mercado es un medio y no un fin), las medidas ante la crisis económica (estimular la demanda para aumentar un déficit que genere un reparto del trabajo) y en política exterior (no a la OTAN y una relación estable con el Movimiento de los No Alineados).
De esta forma, dentro del partido había dos tendencias: la radical, marxista,  que incluso quería pactar con los comunistas, y la reformista de Felipe González. En el congreso de septiembre, el citado XVIII bis, la que venció fue ésta última, la del socialismo democrático. El PSOE empezaba a prepararse para disputar el poder a la UCD.
La estrategia a la que recurrió el Partido para llegar al poder se basó en un ataque a la formación de Suárez, a la que se acusó de conservadora, sobre todo en el caso del gobierno de Calvo Sotelo. Esto fue muy fácil por las divergencias internas en el partido gubernamental y por la carencia de un rumbo claro.

3-      El PCE

El PCE, por su parte, se adscribió al eurocomunismo, que implicó la desaparición del leninismo como premisa ideológica básica, aunque esta formación continuaba defendiendo la dictadura del proletariado.
El PCE no era un partido monolítico, y tras las elecciones de 1979, las tensiones internas que también sufre estallaron. La consecuencia fue la escisión del comunismo catalán, que cayó en la ruina.
Por otro lado, el eurocomunismo de que hacía gala fue cuestionado ante los sucesos de Polonia, donde un sindicato democrático (Solidaridad) era el principal opositor del régimen comunista. En este caso, el PCE no reaccionó con firmeza, y, como consecuencia, sufrió una sangría de votantes que se decantaron por el PSOE.

EL FINAL DE LA TRANSICIÓN

Las elecciones generales de octubre de 1982 marcaron, para muchos autores, el final de la Transición a la Democracia en España. Las razones fueron varias:

Ø  UCD, el grupo político protagonista por excelencia, fue desplazado y prácticamente desapareció. El PSOE inició un período de victorias electorales que le permitieron desarrollar un programa político pragmático.

Ø  Su sustituto fue un partido político en el que casi no había elementos del régimen anterior. Por ello, no había atisbos de continuismo. El PSOE que había abjurado del marxismo-leninismo. Incluso decidió la entrada en la OTAN.

Ø  Casi ni había posibilidades de golpe de Estado.

Ø  El 40% del electorado cambió de voto.

En estas elecciones el partido que ganó, y lo hizo de forma aplastante, fue el PSOE, que captó casi el 50% del voto comunista y el 30% del voto centrista. Así  llegó a los diez millones de votantes. Venció, por tanto, en todos los sectores profesionales y de ocupación excepto entre los empresarios medios y pequeños. Principalmente, entre los obreros industriales y también entre más de 1/3 de los agricultores, tradicionalmente de mentalidad más conservadora.
La coalición AP-PDP también experimentó un ascenso, mientras que UCD se derrumbó y el PCE obtuvo unos bajísimos resultados. En cuanto a los nacionalistas vascos y catalanes, sus resultados fueron estables.
Con este proceso electoral España de forma efectiva entró en un nuevo período, el democrático.

 POLÍTICA EXTERIOR

Durante la Transición predominó la política interna sobre la exterior, lo cual era lógico. Sin embargo, con la estabilización y la consolidación de la democracia el Gobierno trató de europeizar España y adecuarse a las estructuras políticas del mundo occidental.
El final del franquismo, si bien es cierto que a raíz de la guerra fría el régimen se benefició de la consideración de centinela de occidente por el bloque capitalista y que la inserción en el contexto internacional se estaba logrando sobre todo desde los Pactos con Estados Unidos y desde el Concordato con la Santa Sede, no se terminó de salir de un cierto aislamiento. De hecho, en los funerales de Franco no estaban presentes los jefes de Estado o de gobierno de la Europa democrática. Otro ejemplo fue Francia, que puso muchas objeciones a la entrada de España en el Mercado Común y tampoco facilitaba la lucha contra el terrorismo.
Por otro lado, es cierto que el socialismo europeo apoyó al socialismo español y que AP recibió la ayuda del CSV de Baviera, pero hubo muy poco de relaciones exteriores de Estado a Estado.
Respecto a las relaciones con la Santa Sede, el gobierno de Arias Navarro  renunció al derecho de presentación y el Vaticano al fuero eclesiástico. Así, las estructuras políticas del Estado se secularizaban Este proceso continuó tras la promulgación de la Constitución de 1978, cuando el Concordato de 1953, en puridad, dejó de existir. Sin embargo, el Gobierno de UCD y la Santa Sede firmaron varios acuerdos el 3 de enero de 1979. Uno de ellos versa sobre asuntos jurídicos, otro se encarga de Enseñanza y Asuntos Culturales, y otro sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los religiosos.
No obstante, y pese a la teórica separación entre la Iglesia y el Estado, estos acuerdos, que forman el actual régimen concordatario español, como ya hemos visto, aún ocasionan fricciones entre opciones políticas y movimientos de orientación católica, y aquellos que defienden una radical separación entre los asuntos de la Iglesia y los del Estado, sobre todo teniendo en cuenta el actual texto constitucional.
Otro punto espinoso fue la descolonización del Sahara español, demasiado precipitada, lo cual generó una situación muy difícil para el pueblo saharaui, muy presionado por Marruecos.
Respecto al Este de Europa, a principios de 1977 se restablecieron relaciones democráticas plenas.
En cuanto a Europa Occidental, tras la promulgación de la Constitución de 1978 España, como nuevo país democrático, era un candidato a la entrada en el Mercado Común europeo. Sin embargo, como se ha comentado, la Francia de Giscard d’Estaing mostró muchas reticencias.
En cuanto a las relaciones con Gran Bretaña, éstas mejoraron en esta etapa. De hecho, por primera vez se planteó la cuestión de la soberanía sobre el Peñón, pero el estallido de la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido impidió el avance de las negociaciones.
Sobre la entrada en la OTAN, la UCD no se pronunció con claridad. España fue invitada a entrar por todos sus miembros, pero el PSOE hizo que la opinión pública española se negara a ello.
En otros aspectos, como la crisis de Oriente Medio, España reconoció el Estado de Israel.

 ECONOMÍA

La situación económica durante el período estuvo muy marcada por la situación de crisis internacional a raíz del petróleo. De hecho, cuando el precio del crudo se triplicó a principios de los setenta, supuso un golpe durísimo para la economía nacional. De esta forma, se redujo en 1/5 la capacidad adquisitiva de los españoles, con lo que aumentó la deuda exterior y la balanza de pagos se desequilibró.
Las medidas adoptadas por la UCD en este contexto fueron calificadas de socialdemócratas por la patronal, entonces dirigida por Carlos Ferrer Salat. Com o consecuencia, la UCD sufrió una importante erosión desde la patronal.  
La situación era complicada porque el efecto de la primera subida del petróleo no desapareció en 1979, cuando tuvo lugar la segunda. Esto se debió a que una política económica contundente sólo sería posible si había un sistema sólidamente implantado y si el partido en el gobierno disfrutaba de una mayoría parlamentaria consistente. Pero no era el caso de la UCD. De ahí que la crisis económica no se superó de forma definitiva hasta 1985-1986, cuando el PSOE ya estaba consolidado.
Por tanto, la transición a la democracia tuvo lugar en un contexto económico claramente negativo: bancarrota estatal, una inflación que llegó al 30%, etc. y aquí se desarrollaron los ya comentados Pactos de la Moncloa, por medio de los cuales el Gobierno trató de conseguir la paz social gracias a una reforma fiscal y a un aumento de los servicios sociales.
Los Pactos de la Moncloa fueron firmados por el gobierno de Adolfo Suárez y por la oposición, y sus premisas básicas fueron las siguientes:

Ø  Se firmaron en octubre de 1977 y su duración fue de un año y medio.

Ø  Los firmantes acordaron moderar los salarios y limitar los créditos, para controlar los precios y contener la inflación.  

Ø  El Gobierno promocionó obras públicas para frenar el paro.

Ø  Se extendió progresivamente el seguro de desempleo.

Ø  Se reformó el sistema tributario, tratando de hacerlo más equilibrador, etc.

Entre las consecuencias se pueden comentar las siguientes:

Ø  Aspectos positivos:

o   Se redujo la inflación a la mitad.

o   Se disminuyó el déficit de la balanza de pagos, ya que, al reducirse la inflación, la moneda se fortaleció y las importaciones disminuyeron su valor.

o   Se produjo un ligero aumento de los costes de crecimiento.

o   Crecieron las exportaciones en el sector terciario, con lo que mejoró la balanza de pagos.

o   Se reforzó la peseta al reducirse la inflación.

Ø  Aspectos negativos:

o   Faltaron inversiones.

o   Hubo un nulo control sobre los precios.

o   Se establecieron topes salariales para controlar la inflación, que redujeron la capacidad adquisitiva de la población.

o   Aumentó el desempleo.

En el período entre 1979 y 1982 el desencuentro político hizo muy difícil que se firmara otro pacto similar a los Pactos de la Moncloa, y sólo se adoptaron medidas coyunturales en aspectos como política monetaria y presupuestaria, como las siguientes:

Ø  El Plan Energético Nacional de 1979, determinado con perspectivas demasiado idealistas. Como consecuencia, las empresas eléctricas tuvieron importantes  problemas financieros.

Ø  La reconversión industrial, que empezó en 1981 (cuando en otros países hacía ya mucho que se había iniciado), durante el período de Calvo Sotelo.

Ø  Para algunos autores, irresponsabilidad en el gasto público.

Todo ello generó un fortísimo paro aunque éste está también estuvo provocado por otras causas, como el retorno de inmigrantes que volvían de Europa y por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
Por otro lado, se acometió la reforma fiscal con proyectos de ley sobre:

Ø  IRPF.                   
Ø  Impuesto sobre Sociedades.
Ø  Impuesto sobre Patrimonio Neto.
Ø  Impuesto de Sucesiones.
Ø  Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Ø  Impuesto sobre el Valor Añadido (impuesto indirecto).
Ø  Régimen transitorio de la Imposición Indirecta.

Evidentemente, se trató de una reforma fiscal muy profunda que constituía la base de la reforma económica. De hecho, el trasfondo fue la adopción de medidas fiscales socialmente equilibradoras, pero se logró poco más.
Como consecuencia, hubo un crecimiento económico negativo en 1980 y 1981.

SOCIEDAD

La estructura social española estaba cambiando: se asistió a un aumento de la clase media y a una reducción de la población activa agraria en beneficio del sector secundario y terciario, sobre todo de éste último. Por tanto, la economía sufrió un proceso de terciarización. Ahora bien, este cambio estructural venía ocurriendo desde los años sesenta. En la Transición, como en los años 70 influyó considerablemente la crisis del petróleo, aunque hubo una terciarización las condiciones laborales fueron muy duras.
La dureza de la vida se puso de manifiesto en las manifestaciones a favor de un proceso democrático que no sólo desembocase en la democracia, sino en un sistema de relaciones laborales que aliviase la crisis. Por ejemplo, los sucesos de Vitoria son un caso representativo.
Así pues, fue necesario llegar a un pacto social. Este pacto fueron los Pactos de la Moncloa.
Respecto a los aspectos demográficos, la Tasa Bruta de Natalidad se redujo considerablemente, en parte por la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. También se redujo por los cambios en las estructuras mentales y en la jerarquía de valores, y por los gastos que comporta el mantenimiento de los hijos en una sociedad que ya es de consumo. No obstante, estos datos aún eran diferentes al resto de Europa Occidental.
En cuanto a la Tasa de Mortalidad, la mejora de las condiciones médicas implicó una reducción de este indicador.
En lo referente a las creencias, la sociedad española experimentó una progresiva secularización tanto de sus valores como de sus prácticas de vida, y el catolicismo practicante mermó claramente. Así pues, aunque a finales del franquismo el catolicismo fue un elemento opositor, con la recuperación de las libertades fue una seña de identidad de opciones políticas conservadoras.




CULTURA

En los momentos finales del franquismo, la cultura y los intelectuales reaccionaron frente a él dando lugar a una fecunda creación intelectual y artística. No obstante, las nuevas tendencias no cristalizaron hasta mucho después de 1975, cuando se recuperaron las libertades.
En estos momentos se recuperó la tradición intelectual quebrada tras la guerra civil y que tuvo como estandartes a Alberti, Lorca, Sánchez Albornoz, Valle Inclán, etc. es decir, autores de talla intelectual, pero que estaban proscritos por el régimen franquista, pudieron volver a España y retomar su actividad.
Por otro lado, la cultura se popularizó y se percibió un aumento de los asistentes a las exposiciones así como un incremento de los libros editados. Sin embargo, aún  no se liberalizó la industria del libro.
En otros espectáculos como el cine o el teatro, la escasa protección que las autoridades dispensaron, conllevó una reducción en el número de espectadores. Además, hay que citar que no siempre se respetó la libertad de expresión. Por ejemplo, en 1980 el Juzgado Militar número 5 decretó el secuestro de la película de Pilar Miró El crimen de Cuenca, o el proceso del Juzgado Militar número 6 contra Miguel Ángel Aguilar, entonces director de Diario 16 por un artículo sobre intentos de golpe de Estado. Asimismo,  Juan Luis Cebrián, entonces director de EL PAÍS, fue condenado a tres meses de reclusión por un editorial. De todo esto se deduce que las libertades se restablecieron, pero no en su totalidad, y, de hecho, se necesitó un tiempo para que se normalizaran en toda su extensión.
En otras facetas del arte, se pasó de un compromiso militante de muchos artistas a nuevas corrientes basadas en el arte por el arte, como ocurrió en las artes plásticas. Es decir, los artistas fueron paulatinamente  abandonando la postura de arte de denuncia, como había ocurrido en el cine El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, la Nova cançó catalana, etc. para pasar a preocuparse más por unas manifestaciones artísticas que sólo pretendían el goce estético.
Otros aspectos como la educación, no hubo cambios reales hasta poco antes de 1982, ni siquiera en lo que atañe a la Universidad. No obstante, desde 1975 el sistema educativo, basado en la Ley Villar-Palasí de 1970, experimentó un incremento de los estudiantes de enseñanzas medias (el BUP y el COU, así como el FP) y una elevación del índice de feminización de todo el sistema educativo.
Sí que hubo cambios importantes, como la Ley de Autonomía Universitaria, o la Ley Orgánica de  desarrollo del Estatuto de los Centros Escolares (que generó un amplio movimiento opositor entre los reformistas de UCD, por lo que contribuyó a la erosión de Suárez). Éste último instrumento fue una ley que trataba de desarrollar, desde una perspectiva conservadora, el artículo 27 de la Constitución. Por ello fue recurrida, y nunca llegó a entrar en vigor. 

Algunas ideas sobre el período de Leopoldo Calvo Sotelo

Ya sabemos que, tras la dimisión de Adolfo Suárez, era necesario encontrar un recambio al frente del Gobierno, pero que saliera de UCD, el partido que había ganado (con mayoría simple) las elecciones de 1979. 

El elegido fue Leopoldo Calvo Sotelo, que pertenecía al ala conservadora de UCD.

El día de la votación de la investidura de este candidato, varios guardias civiles, al mando del teniente coronel Tejero, entraron en el Congreso de los Diputados, como hizo en 1874 el general Pavía. El objetivo era detener el proceso de investidura y acabar con la soberanía nacional de la Constitución de 1978. 

Sin embargo, la actuación del rey, que era por la Constitución (y por las Leyes Fundamentales del Franquismo, ya abolidas), el capitán general del Ejército, fue clave. Desde su posición de cúpula del estamento militar, hizo un llamamiento a los militares para que no se sumasen al golpe, y, de esta forma, ese intento se abortó. 

Como consecuencia, el gobierno de Calvo Sotelo pudo establecerse e iniciar su andadura. Así pues, continuando la política de CONSENSO del segundo gobierno de Suárez, inició un paquete de medidas para terminar el proceso de transición hacia la recuperación de las libertades. En este gobierno la tarea más importante fue superar el golpe de Estado y sus consecuencias.Así pues, un elemento muy importante fue la Ley de Defensa de la Democracia, de marzo de 1981, que trataba de proteger al Estado contra la violencia terrorista de ETA y los golpistas de extrema derecha.

Bajo su mandato, varias autonomías  consiguieron aprobar sus estatutos. Como resultado, el sistema autonómico previsto en la Constitución se extendió a 11 Comunidades Autónomas, unas por la vía rápida, y otras por la vía del artículo 143, la más lenta. Sobre esta cuestión es necesario recordar que entre 1979 y 1983 se iban a crear las actuales 17 comunidades autónomas. Así pues, de ellas 11 se habían creado antes de 1982, fecha de las elecciones generales que llevaron al PSOE al poder. 
El 25 de Octubre de 1979 se habían aprobado los estatutos del País Vasco y Cataluña, y el resto con posterioridad a estas fechas desarrollándose, a continuación, las elecciones para elegir a los respectivos parlamentos. 

En el caso de Cataluña y País Vasco, la victoria electoral fue para los partidos nacionalistas, CiU en Cataluña, a cuyo frente estaba Jordi Pujol, y el PNV en el País Vasco, presidido por Carlos Garaikoetxea. 

En 1980 se aprobó la LOFCA, Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, cuya finalidad era regular los mecanismos de financiación de las Autonomías a fin de que pudieran hacer frente a los gastos derivados de las competencias que asumían. Por esta ley, todos los ingresos iban a parar al Estado que luego asignaba a cada comunidad las cantidades acordadas según el gasto público de cada autonomía, y según el grado de aportación a las arcas del Estado (con exclusión del "cupo vasco"). 

En política interior, un problema muy importante fue la radicalización de los problemas sociales como efecto de la "segunda crisis del petróleo", lo cual se agravó por la cuestión  del "aceite de colza adulterado", un aceite muy barato que provocó problemas de salud gravísimos. Esta cuestión estaba relacionada con el deterioro de los niveles de vida de los más desfavorecidos por efecto de la comentada crisis económica. 

Otra cuestión muy debatida fue la "Ley del Divorcio", que iba a crear fuertes tensiones con el sector católico, pero que era necesaria para avanzar en la secularización del sistema político. 

A nivel exterior, el gobierno de Calvo Sotelo se caracterizó por la entrada de España en la OTAN, la alianza militar que cubría la zona del Atlántico Norte y que se oponía al "Pacto de Varsovia" del bloque soviético. España ya estaba en el concierto internacional, lo cual se aceleró con las conversaciones para entrar en la CEE.  

Por último, como ya se ha apuntado, el gobierno convocó elecciones generales para 1982. En ellas la UCD, debilitada por la salida por la derecha de políticos hacia Alianza Popular (que se incluyó en coalición con el Partido Demócrata Popular) y por la izquierda hacia el PSOE, además de Suárez, que creó el Centro Democrático y Social (CDS), perdió de forma estrepitosa. La primera fuerza política pasó a ser el PSOE, pasando de los 200 escaños. La segunda fuerza, la derecha de Fraga (AP-PDP), y, más lejos, el PCE. Se habían puesto los cimientos de nuestro actual  sistema de partidos

martes, 16 de mayo de 2017

El período 1979-1982

En el período entre 1979 y 1982 el paro y la crisis económica ahogaban la naciente democracia. Muchas empresas cierran y el paro asciende a más de 1 millón de personas. La conflictividad laboral es muy alta pero los sindicatos garantizan que la situación no se iba a desbordar.

En este período, además, se acuerdan las negociaciones para la entrada en la CEE, aspiración que llevaba mucho tiempo.

Sin embargo, no había paz. Los atentados terroristas continuaban, como el del general Ortín, uno más de una larga lista de militares, policías y guardias civiles. Eran asesinatos de ETA y del GRAPO.

Además de todo ello, como podemos comprobar en los videos, la UCD consigue ganar de nuevo las elecciones generales de 1979, pero por muy poco. Es decir, se sigue la tendencia de fragmentación del arco parlamentario que había ocurrido en 1977. Sin embargo, las tensiones internas dentro de la UCD iba a ir desgastando al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, que, en 1981, ante el desgaste, decide dimitir.

El primer problema fue que Suárez impidió que hubiera un debate parlamentario en torno al tema de su investidura como presidente del Gobierno. Como consecuencia, desde la izquierda hasta la derecha el desgaste iba a ser muy intenso. Este hostigamiento se iba a sumar a los problemas internos de la formación política que sostenía al Gobierno. Todo ello sumado iba a   desembocar en la dimisión del presidente, y a la investidura de uno nuevo. Era Leopoldo Calvo Sotelo, quien, en la votación para su investidura, se encontró con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Hechos como el IRPF y otros impuestos directos contribuyeron a modificar la estructura fiscal.










La distribución de competencias según la Constitución española de 1978

Como sabemos, con la llegada del sistema democrático se trató de resolver uno de los problemas más importantes que fueron generando conflictos a lo largo del proceso de construcción, consolidación y crisis del sistema liberal. Estos conflictos fueron una de las causas de la Guerra Civil, y fueron solucionados durante el sistema franquista mediante una centralización. 

Con la recuperación de la soberanía nacional, era necesario tratar de resolver este problema. Para ello, los "padres de la Constitución" redactaron los artículos 1 y 2 del texto, así como el Capítulo VIII, fundamentalmente. 

En estos artículos se defiende  que, aunque la soberanía sea sólo una, y resida en el pueblo español, existe la capacidad de los territorios que lo deseen, de dotarse de una "autonomía", entendida de forma diferente según se trate de autonomía universitaria (art. 27.10), o de los municipios, provincias y comunidades autónomas, que son los "entes autonómicos" en el texto de 1978 (recuérdese que en el de 1931 eran las regiones autónomas). 

Como la autonomía en términos de entes autonómicos se entiende como la capacidad de un territorio y de los ciudadanos que viven en él, de dotarse de un ordenamiento jurídico entero y completo, pero que encaje en los preceptos de soberanía española de la Constitución (artículo 2, por ejemplo), se han previsto varios tipos de competencias a los que las Comunidades Autónomas pueden optar, dependiendo de la vía de que han gozado para llegar a esa autonomía. Así pues, mientras que la vía "rapida", o sea, la del artículo 151, permite todas las competencias previstas en la Constitución, las de la vía "lenta", la del artículo 143, sólo pueden tener las competencias del artículo 148 durante 5 años. Si hubieran querido ampliarlas, deberían modificar su Estatuto de Autonomía, que es el texto propio en el que estas competencias se especifican. 

Respecto a los tipos de competencias, hay una lista que pueden asumir las Comunidades Autónomas, que aparece en el artículo 148. Estas serían las que aparecieron en los estatutos de autonomía de las CCAA que llegaron a este status mediante la vía del artículo 143, pero sólo por cinco años. Después ampliaron estas competencias. 

Las competencias exclusivas del Estado, que son las que aparecen en el artículo 149.1, y que son de "legislación básica", mientras que, en estas cuestiones, las CCAA pueden legislar, pero con legislación "de desarrollo" o de concrección, y las pueden ejecutar. 

Otras competencias son las materias no reservadas al Estado central, pero que tampoco aparecen en el artículo 148. Son las del artículo 149.3

A éstas se suman la competencia residual del Estado, del artículo 149.3, aunque e Estado puede delegar competencias exclusivas propias, a las CCAA, mediante el artículo 150. 

Con todo este sistema, se ha creado un modelo de organización territorial del Estado en el que las Comunidades Históricas, esto es, Andalucía, Cataluña, Galicia y el País Vasco, lograron el máximo techo de competencias desde el primer momento, desde la aprobación de sus Estatutos de autonomía. El resto, las que siguieron el artículo 143 como vía de acceso, se tuvieron que conformar, como ya hemos apuntado, con las competencias que aparecen en el artículo 148 durante cinco años, hasta que modificaron sus Estatutos de autonomía. 

Con ello se trataba de dejar una vía abierta al diálogo entre los que consideraban que el término nacionalidades que aparece en la Constitución podría suponer la ruptura de España, y los que lo veían insuficiente para sus aspiraciones, sobre todo de autodeterminación. El tiempo dirá y dictará sentencia, porque el asunto aún no está resuelto. 

 

lunes, 15 de mayo de 2017

Elecciones generales de marzo de 1979

El 1 de marzo de 1979 tuvieron lugar las segundas elecciones generales del nuevo sistema político. UCD no consiguió la mayoría absoluta sobre el PSOE, pero fue relativamente cómoda (47 escaños más).





Las elecciones locales de abril de 1979

El día 3 de abril de 1979 tuvieron lugar las elecciones a ayuntamientos. Fue la primera vez en cuarenta años que los entes locales eran elegidos de forma inorgánica, y no como prescribía la LOE franquista, o como se hacía anteriormente, cuando las corporaciones municipales eran designadas por las autoridades del régimen.

En cuanto al resultado, ganaron las izquierdas, ya que en muchas localidades el PSOE y el PCE fueron juntos a las elecciones. Como resultado, el Gobierno de UCD sufrió una erosión aún más fuerte.